Acerca del proyecto Asentamiento Cero presentado por Pablo Da Silveira:
Es muy interesante el enfoque expresado en el proyecto, destacando del mismo el planteo de apoyar al que vive en una vivienda formal, en lugar de apoyar al que está en un asentamiento, dado que es un incentivo perverso que incentiva el crecimiento de los asentamientos.
El Estado Uruguayo castiga permanentemente al que realiza su actividad en la formalidad, cumpliendo todas las normas y obligaciones, sancionándolo duramente si se aparta de las mismas, pero premia y recompensa al que está en la informalidad y evade todas las normas y obligaciones.
Algunos ejemplos:
Si Ud. paga su vivienda deberá pagar múltiples impuestos al comprarla y venderla, así como otros impuestos durante su uso, además de pagar el agua, la luz, el saneamiento, la calle y la iluminación de la misma, y si se atrasa, deberá enfrentar cortes de servicio y severas multas y recargos. Si no paga sus cuotas se verá expuesto al desalojo y remate de su vivienda y deberá buscar por sus medios donde ir a vivir.
En cambio si Ud. decide vivir en situación informal, por ejemplo en un asentamiento, o mejor aún ocupando una vivienda que no es suya, no sólo no pagará ningún impuesto, sino que ni siquiera pagará la luz y el agua, y además antes de desalojarlo, después de años de vivir gratis y destruir la propiedad que ocupó, le darán una vivienda alternativa, gratis, para poder desalojarlo.
Muy importante sería modificar la ley de alquileres que perjudica al inquilino pobre.
Para los pobres solo queda la posibilidad de acceder a una pensión. En materia de alquileres, la imposición del IRPF a los mismos, sumado a la ley de alquileres que inclina demasiado la balanza hacia los inquilinos protegiendo en demasía a los malos pagadores, termina perjudicando a los inquilinos más pobres que no pueden recurrir a garantías adecuadas y terminan pagando en una pensión, mucho más que un alquiler, pero por vivir en una pieza con baño compartido, en lugar de poder hacerlo en un apartamento o una casa.
El intento de protegerlos termina perjudicándolos y haciéndoles pagar más por menos, y con muchos menos derechos (peor calidad de espacio habitable, ley candado, hacinamiento y menos privacidad)
Hay una investigación de la arquitecta Viana, que estableció que es más barato subsidiar los alquileres que regularizar un asentamiento.
Es imposible para las finanzas y recursos de nuestro país regularizar los asentamientos existentes.
En el análisis hay que agregar el efecto perjudicial de la política impositiva sobre la vivienda. Dicha política ha llevado a que solo se construya o refaccione al sur de Av. Italia. Fue necesario modificarla quitando casi todos los impuestos que pesan sobre la vivienda, para que se comenzara a construir vivienda nueva al norte de av. Italia.
Con la enorme carga impositiva que pesa sobre la vivienda, el efecto redistributivo de ponerle impuestos a los ricos que tienen vivienda, para repartir a los pobres, debería ser fabuloso, y todos los pobres deberían tener asegurada su vivienda por parte del estado. Sin embargo el efecto ha sido muy perjudicial para estos y trabajadores en general.
La vivienda se ha encarecido cada vez más, porque lógicamente se trasladan los impuestos a los precios de la misma, y mientras los ricos no tienen problema en acceder a viviendas de calidad, para los pobres, esta alta carga impositiva, que encarece la vivienda, termina alejándolos de las viviendas de calidad del mercado formal. Por ello es que los asentamientos irregulares no han parado de crecer, siendo esta la forma que los pobres y los trabajadores han encontrado de acceder a una vivienda, evitando las cargas impositivas que le terminan haciendo prohibitivo el acceso a una vivienda formal.
Como es bien sabido, el crecimiento de los asentamientos irregulares trae aparejado pésimas consecuencias para el manejo de la ciudad, y para los que viven en ellos alejados de todos los servicios. El Estado al final, además de dejar de recaudar por la informalización de la vivienda, debe gastar mucho más de lo que recauda en tratar de solucionar aquello que el mismo ha generado, debido a su voracidad impositiva y a su ineficiente funcionamiento.
Es muy caro regularizar un asentamiento irregular, y proveerlo de todos los servicios necesarios (escuelas y liceos, calles, saneamiento, servicios de agua y electricidad, transporte, seguridad, etc). Regularizar todos los asentamientos le costaría al Estado mucho más que lo que recauda por su política impositiva sobre la vivienda, y por lo tanto es una meta que nunca va a lograr.
Tan cierto es lo que acabo de afirmar, que como señale antes, en Montevideo sólo se construye vivienda nueva en las zonas en que compran los “ricos”. El gobierno ha tenido que proponer un plan de estímulo para la construcción de viviendas en otras zonas de la ciudad, eliminando la mayoría de los impuestos que pesan sobre la misma.
No hubiera sido mejor antes de llegar a esta situación, frenar la voracidad impositiva estatal a tiempo y evitar la distorsión en el precio de la vivienda que terminó perjudicando a los pobres, privándolos de la posibilidad de acceder a una vivienda formal, ya sea comprándola o alquilándola?
Nuevamente, si hacemos la contabilidad global, y ponemos por un lado lo que recauda el Estado por impuestos a la vivienda, y por otro lado lo que deja de recaudar por la informalización de barrios enteros (no cobro de impuestos, de consumos de luz y de agua) además de lo que gasta en tratar de regularizar asentamientos y proveer de vivienda a los pobres, a los cuales alejó de la posibilidad de comprar o construir su vivienda, seguramente obtendremos un balance negativo.
Por lo tanto, en lugar de tener un efecto redistributivo, las políticas impositivas castigan y condenan a los pobres a una peor calidad de vida a través de un peor acceso a la vivienda. Siendo evidente además que el Estado ha sido incapaz de construir las viviendas necesarias para los pobres, a pesar de contar con varios organismos al efecto (Plan Nacional de Viviendas, INVE, BHU, Agencia Nacional de Vivienda, y finalmente el plan JUNTOS que se inició con la meta de alcanzar las 50.000 viviendas y hoy en día ha llegado apenas a las 2.000), siendo además que cuando es Estado lo ha hecho, muchas veces ha generado viviendas de muy mala calidad y ha creado graves problemas sociales y urbanísticos (complejos de Casavalle y Barrio Borro, y Cerro Norte) que terminaron provocando el deterioro de los barrios aledaños a donde fueron implantados.
Alrededor de estos asentamientos o complejos problemáticos se genera una espiral de desvalorización progresiva de las viviendas formales en el entorno, que lleva a una pérdida de valor de las mismas. Esto determina la ausencia de inversión, no se refaccionan ni actualizan las viviendas, y por supuesto la ausencia de proyectos de construcción nueva en dichas zonas, todo lo que conduce a la progresiva desvalorización urbana y deterioro del entorno cada vez mayor. Quedan cada vez más viviendas abandonadas y la mancha de informalización se va extendiendo en forma gradual. Evidentemente el Estado cada vez recauda menos y gasta más a medida que proliferan y se extienden las zonas informales.
Comparto plenamente el efecto favorecedor que tienen sobre el crecimiento de los asentamientos las políticas de ayuda social sumado a la persistencia en apoyar a quienes están en la informalidad.
Construir regularmente tiene un costo elevado y dificultades burocráticas multiples (es más fácil construir en el asentamiento) En los 60 existía un programa en la IMM que brindaba planos municipales económicos para auto construcción de vivienda, que permitían construir regularmente con costos mínimos, que incluían el plano, asistencia técnica, financiación a muy bajo costo de las conexiones al saneamiento y demás servicios, y exoneración de aportes al BPS (que representan un porcentaje muy alto del costo de una obra).
La mayoría de los inmigrantes se integraron con su vivienda a la trama urbana de la ciudad regularizada, y poblando gran cantidad de barrios Montevideanos con viviendas de calidad, mediante este sistema. De otra forma hubieran ido a parar a pensiones o a los asentamientos.
Para evitar el deterioro de las áreas urbanas ya construidas, es necesario impedir la formación de círculos viciosos de desvalorización debido a la instalación de asentamientos y/o ocupaciones ilegales, y transformarlos en circulos de valorización positiva mediante inversiones en proyectos de valorización en zonas deprimidas o desvalorizadas (hay varios ejemplos en la ciudad: peatonales en ciudad vieja, construcción de shoppings, términal tres cruces, desalojo de ocupaciones ilegales en edificios y áreas urbanas, reciclaje del mercado agrícola y la ex Alpargatas, el proyectado reciclaje del Cilindro, etc.) además del freno a las ocupaciones y asentamientos y desalojo de los existentes.
Estos círculos de valorización que impiden la tugurización de zonas de la ciudad, es imprescindible que se acompañen de una política que ofrezca seguridad en la zona, porque sino se corre el riesgo de entrar en un nuevo proceso de desvalorización, a pesar de las acciones emprendidas.
Modificar la política discrecional de la IMM que permitió, y propició durante la primera administración frentista, la instalación de asentamientos por un lado, y por otro se opuso al desarrollo de proyectos de urbanización regular como fue el caso de Jacksonville, el cual estuvo pendiente de aprobación por más de 10 años y fue bloqueado definitivamente, mientras se autoriza a realizar el estadio de Peñarol en la misma área que era considerada rural.
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