30.03.2015 16:39
En un artículo de Sebastian Sabini, publicado en Montevideo Portal (http://columnistas.montevideo.com.uy/uc_301365_1.html), donde fundamenta críticas a los liceos públicos de gestión privada, comienza citando a Kishore Singh, Relator Sobre derecho a la educación de ONU, quién expresa que "La educación debe ser protegida de las fuerzas de la privatización.”
El 27 de octubre de 2014, Kishore Singh declaró: “El crecimiento exponencial de la educación privada debe ser regulado por los gobiernos para garantizar la educación como un bien público,” y en el mismo sentido sostuvo: “Los gobiernos deben hacer todo lo posible para fortalecer sus sistemas de educación pública, en lugar de permitir o apoyar a los proveedores privados; la educación con fines lucrativos no se debería permitir, a fin de salvaguardar la causa noble de la educación."
En el caso que nos ocupa, los liceos públicos de gestión privada en Uruguay, no aplica la cita del relator sobre derecho a la educación de la ONU, dado que ninguna de las instituciones educativas a las que se refiere el articulista posee finalidad alguna de lucro.
Muy por el contrario, se trata de organizaciones, algunas religiosas y otras laicas, de la sociedad civil, que proveen servicios educativos para los alumnos de los sectores más pobres de la sociedad. Nada más alejado del concepto de empresa privada con fines de lucro.
El autor afirma que "La educación es un derecho humano para todos y todas a lo largo de toda la vida, y los Estados deben garantizar su disponibilidad, accesibilidad (no discriminación, económica y material), adaptabilidad y aceptabilidad."
Precisamente estos centros de gestión privada han surgido, por iniciativa de grupos de la sociedad civil, para ofrecer educación de calidad, gratuita, allí donde la educación pública estatal ha fracasado rotunda y persistentemente en garantizar el derecho de los ciudadanos a disponer de la misma.
El articulista afirma que "Es una pérdida de soberanía ante el capital, es tercerizar la obligación estatal de educar y prácticamente sin control sobre la política educativa de estos centros (lo cual resulta clave) y fundamentalmente sobre el laicidad, que debe imperar en los centros educativos"
El estado tiene la obligación de garantizar la disponibilidad de educación, lo cual es muy diferente a que el estado deba brindar por si la educación. Los ciudadanos tienen el derecho constitucional de elegir la educación que deseen para sus hijos. Este derecho está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución de la República. El artículo 26 de la mencionada declaración, aprobada por la ONU en 1948, establece el derecho de los padres en la elección de la educación de sus hijos. Dice, en efecto, el apartado tercero de dicho artículo que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Y el artículo 68 de nuestra Constitución dice: “Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones que desee”. Tienen el derecho si lo desean de darles educación religiosa. Para que resultaría entonces clave que el estado controle abolutamente la política educativa de los centros de gestión privada?
Tal vez la causa de tanta oposición a estos centros, que funcionan con independencia de la burocracia centralizada estatal que maneja la educación, sea precisamente el temor a perder el control sobre el discurso educativo homogeneizante actual, lo cual es posible debido a la centralización burocrática de la enseñanza pública, con un alto control por parte de los gremios docentes altamente politizados.
Luego cuestiona que "el financiamiento de estos centros educativos, que se hace a través del descuento de impuestos por parte de las empresas que los financian. Por lo tanto esos recursos no son volcados al erario público y están siendo privatizados por la vía de los hechos... Las políticas educativas se tercerizan en manos de privados, tomando decisiones sobre recursos que en teoría son de todos los uruguayos... el Estado deja al criterio empresarial el uso de esos recursos, cuando deben volcarse con un criterio solidario".
Empezando por el final de la cita, nada más solidario que los impuestos que pagan las empresas se vuelquen directamente en instituciones sin fines de lucro, que brindan servicios educativos gratuitos, de buen nivel a los sectores más pobres de la sociedad. El autor piensa que el estado es la única entidad capaz de ejercer acciones con criterio solidario? Piensa que los privados carecen de actitudes solidarias y que no poseen la capacidad de discernir donde es más eficaz y eficiente volcar recursos con finalidad solidaria?
Hay un cuestionamiento importante que hay que hacer: El estado es más eficiente y eficaz que los privados para redistribuir recursos en la sociedad?
En general el estado gasta una gran parte de lo que recauda en el mantenimiento de su propia infraestructura y personal, por lo cual por cada peso que recauda, solo una parte llega finalmente al destino que se le asigna. En muchos países se permite que una parte de los impuestos que pagan los privados al estado, sean volcados directamente por estos a las organizaciones beneficiarias, sin la intermediación de la burocracia estatal.
Estos países entienden que los privados son mejores y más eficientes asignadores de recursos que el estado. Además controlan más directamente y mejor el uso y los resultados que se obtienen con el dinero aportado, y premian o penalizan con más eficacia y rapidez que la burocracia estatal.
En el caso concreto de nuestra enseñanza pública, además de la constatación de su fracaso sobre todo con los alumnos más pobres, ha mostrado sobrados ejemplos de mala gestión y dilapidación de recursos, "recursos que no son volcados al erario público y están siendo privatizados por la vía de los hechos, privatizada la decisión sobre sus destinos, privatizados sus destinatarios" como expresa con preocupación el autor."
Solo por citar algunos ejemplos de dilapidación y privatización de recursos del erario público debemos recordar:
. El famoso caso de los sicólogos "ñoquis", finalmente destituidos gracias a la publicidad que le dio la prensa a la situación. Pasaron varios años durante los cuales Primaria destinó dinero al pago de salarios y gastos de funcionamiento de su departamento de atención sicológica, sin que nadie dentro del organismo controlara el efectivo cumplimiento de la gestión por la cual se gastaba el dinero, ni se percatara que los niños no eran atendidos.
. Otro caso de aparición pública más reciente, pero que databa también de varios años atrás, es el pago por viajes de alumnos en el interior del país (Fray Bentos), que nunca fueron realizados, maniobra que reportó a los autores algunos cientos de miles de dólares. En este caso tampoco Primaria controló ni detecto durante varios años, que el dinero que se gastaba fuera efectivamente para aquello a lo cual estaba destinado.
. El más reciente caso del incendio de un local escolar en Maroñas, siendo posible el mismo por la ausencia del servicio de guardia contratado por Primaria, sin que la misma hubiera controlado ni detectado que el servicio por el cual pagaba muchas veces no se cumplía. Si no hubiera ocurrido el incendio, no nos habríamos enterado de la ausencia del servicio. Tan generalizada es la falta de cumplimiento del mismo, solo posible gracias a la ausencia de controles, que luego de este sonado caso, se detectó que el 30 % de los guardias asignados no estaban en el lugar que debían vigilar, aunque Primaria pagaba por ello.
El agravante de esta situación, originada en el incumplimiento de una función y la correspondiente supervisión, es que nuevamente se debe duplicar el gasto de cientos de miles de dólares en volver a reconstruir los salones de clase, que habían sido recientemente reciclados.
. Hay otros ejemplos, pero con estos que suman cifras millonarias de despilfarro (y en algunos casos privatización) de recursos públicos, que deberían estar destinados a mejorar la educación, alcanza para justificar la necesidad de implementar cambios en el mecanismo de gestión de nuestra enseñanza pública, si queremos mejorar el uso del dinero destinado a la misma y por ende los resultados educativos.
Aquí cabe preguntarse si no sería mejor que el estado financie a los institutos públicos de gestión privada, que evidentemente evidencian una mejor gestión y mejores resultados que la educación pública? De esta forma eliminaríamos el aporte de recursos por parte de privados a estas instituciones, que tanto molesta al autor.
Otra preocupación que expresa el autor es que este tipo de proyectos provocan la segregación de estudiantes de los barrios en los cuales se instalan. Por medio de un sistema de selección, aquellos que tienen respaldo familiar o no son repetidores logran ingresar a estos centros... ¿Qué ocurre con los que no?
La respuesta es simple, van al liceo público, institución que podrá atender mejor a sus alumnos, dado que una parte de ellos serán atendidos por el liceo de gestión privada. O sea que todos tendrán mejor oportunidades. Salvo que se piense que ir al instituto de gestión pública implica la renuncia a las mejores oportunidades. En este caso, si realmente deseamos que todos los alumnos tengan las mismas (y mejores oportunidades), deberíamos promover la más amplia financiación por parte del estado para los centros de gestión privada, para que puedan ampliar sus capacidades e incluir a todos los alumnos del barrio. Hoy en día no incluyen a todos los alumnos debido a la falta de recursos para poder atender a todos los que quieren concurrir a dichos institutos.
Por último, el autor afirma que "Tenemos el desafío de personalizar la educación, motivar a los estudiantes a aprender, mejorar la oferta educativa, brindar mejores condiciones de estudio. Ello no es posible si relegamos recursos hacia la educación privada". Precisamente en el caso que nos ocupa, los desafíos que plantea son los que se han promovido y cumplido gracias a la acción de los institutos públicos de gestión privada. La enseñanza de gestión pública en este aspecto no ha mostrado más que fracasos.
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