10.12.2013 19:35
Una característica muy marcada del pensamiento dañino nacional (término acuñado por Da Silveira) es la persistencia en privilegiar al ciudadano que está en situación irregular o ilegal.
Esto se refleja en los reiterados beneficios a los deudores y malos pagadores de tributos, en la permisividad permitiendo la circulación pública de vehículos con deudas de patentes y en muchos casos sin siquiera tener una habilitación vigente para circular.
Esta característica es muy notoria en el caso de los ocupantes ilegales de fincas o terrenos, dado que además de tolerar durante años el uso de un bien ajeno (sea público o privado) por el cual no se pago ni un peso, no son desalojados si antes no se les provee de una solución habitacional.
Esta solución muy loable, de no desalojar si no se les provee de una vivienda, a personas que estaban usurpando un bien que no les pertenece, es muy injusta para el resto de la sociedad, que hace el esfuerzo por solucionar su problema de vivienda, pagando alquiler o las cuotas de un préstamo hipotecario.
Cuando este sector de la sociedad pierde su vivienda (ya sea porque no puede pagar el alquiler, porque la misma se derrumbó, o se incendió, etc.) el estado no le provee una solución.
Nuevamente estamos frente a la división de la sociedad en dos grupos con derechos y deberes diferentes. Por un lado el grupo de las víctimas (a las que todo se les justifica y todo se les debe resolver) y por el otro lado, el grupo de victimarios (a los cuales no hay que ayudar, aunque sean humildes trabajadores que han hecho el esfuerzo de pagar por su vivienda).
Estos comentarios vienen al caso a propósito del comentado desalojo del complejo Inve en la rambla sur. Las viviendas de este edificio fueron otorgadas a los beneficiarios en forma gratuita (se pago una cuota simbólica de un peso mensual). Los ocupantes en su mayoría no pagaron gastos comunes y nunca realizaron tareas de mantenimiento del edificio. También se adeudan tributos y cuentas de agua. O sea que en general, podemos decir que no fueron responsables con el cuidado del bien que se les otorgó, y que fue costeado con el dinero que aportó el resto de la sociedad.
Ahora que se plantea que el edificio debe ser demolido, se les regala a cada familia entre 46.000 y 90.000 dólares para que por segunda vez accedan a un apartamento gratis.
Esta situación de beneficio reiterado al sector de víctimas de la sociedad es muy injusto con aquellos que se hacen cargo de solucionar con su propio esfuerzo y recursos, su problema de vivienda.
Cuanto le cuesta a un trabajador ahorrar 90.000 dólares? Por que razón el estado vuelve a privilegiar a los mismos que ya privilegió antes, y que en su mayor parte han demostrado no ser responsables en el cuidado de lo que les fue concedido graciosamente sin exigencias a cambio.
Por otro lado el argumento del desarraigo como justificación para oponerse a la solución que se les provee no es de recibo. Dado que nuevamente se actúa de diferente forma según a que grupo de la sociedad le corresponda abandonar o cambiar de lugar en el que vive.
Si un humilde trabajador no puede pagar el alquiler del lugar en el que vive, o se le incendia o derrumba su casa, ninguno de los organismos del Estado le va a proveer una solución, para que siga viviendo en el mismo lugar en el que lo hacía, y nadie se preocupará por el posible y eventual desarraigo al que este se verá expuesto. No entiendo la justificación para que el desarraigo se transforme en un motivo de preocupación sólo en el caso de que el mismo afecte al grupo de las supuestas víctimas de la sociedad.
Esta característica del pensamiento dañino nacional que analicé anteriormente, está muy extendida en la mentalidad nacional y podemos observar que el Poder Legislativo también actúa de acuerdo a esta forma de pensar. Este va a pagar por solucionar el problema de vivienda de un grupo de ocupantes ilegales de una propiedad que le pertenece.
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