26.10.2014 11:53
El estado gasta en educación pública unos U$S 1500 millones, que equivale a la recaudación total del IRPF.
Dado que el sistema público recibe al 80% del alumnado y que el 80% de la recaudación del impuesto lo pagan los trabajadores que ganan menos de la canasta básica, podría decirse que los trabajadores están pagando de su propio bolsillo, la educación pública que reciben sus hijos, educación supuestamente gratuita.
El estado actúa entonces como intermediario, entre los que financian o pagan la educación y los que brindan los servicios educativos.
A juzgar por los pésimos resultados educativos del sistema público gestionado por el intermediario (los organismos públicos que gestionan la enseñanza) y los mejores resultados que ofrecen los centros educativos que no son gestionados por dicho intermediario (liceos públicos de gestión privada y liceos privados) parecería razonable propender a la eliminación de tan ineficiente intermediario, permitiendo que los contribuyentes vuelquen en forma directa sus pagos de IRPF o IRAE, a través de vouchers, a la institución de enseñanza a la cual envíen a sus hijos o familiares.
Además, el sistema público es muy privatizador, a pesar de que es de gestión estatal y pública, dado que literalmente priva a más de la mitad de los alumnos (sobre todo alumnos pobres) de adquirir los conocimientos necesarios, por lo que no debería sostenerse la perpetuación de este modelo de gestión de la enseñanza pública.
En lugar de considerar el gasto de los ciudadanos en educación como un gasto suntuario o superfluo, al cual hay que castigar, debería considerarse como una contribución a la sociedad, que debe ser estimulada, mediante deducciones impositivas reales, dado que en lugar de esperar que el Estado le resuelva todas las necesidades educativas, el ciudadano decide hacerse cargo el mismo y financiar, a través de gestores privados, todas sus necesidades de servicios de enseñanza. Se entiende que el ciudadano es un mejor y más eficiente agente asignador de recursos que las burocracias públicas.
Además de verse en los resultados, la ineficiencia también se ve en el despilfarro de recursos. Son solo algunos ejemplos los 700.000 dólares perdidos en un juicio por negligencia de sus propios abogados, las miles horas sin docentes por faltas o paros y los "psicólogos ñoquis" que por años cobraron sus salarios, sin asistir a los alumnos. Los institutos privados en general son más eficientes en evitar despilfarros, no tienen problemas edilicios, son más ágiles y eficientes para gestionar a su personal, emprenden reformas con más agilidad y actualizan y diversifican más rápidamente sus servicios.
Si se quiere cambiar la enseñanza, hay que desarmar la burocracia centralizada paralizante e ineficiente. Hay que posibilitar que los padres puedan optar y elegir la institución en base al conocimiento público de sus resultados, dado que la situación actual condena a los pobres a asistir a las instituciones con peores resultados.
Para ello es importante diversificar y descentralizar los sistemas educativos, logrando que un porcentaje cada vez menor de alumnos queden de rehenes obligados del sistema de enseñanza de gestión pública centralizado.
Por supuesto que la idea de que el estado pague a los padres vouchers educativos colabora en este sentido, y le permitiría al estado reducir el gasto en educación pública. Esto es exactamente lo que se hizo con la reforma de la salud (Fonasa): el estado le permite a los usuarios optar por la salud privada o la pública, pagando el voucher o cuota mutual, ya sea al hospital de ASSE o a la institución privada.
También lo ha probado Chile en educación, con muy buenos resultados según se publica en http://www.infobae.com/2013/09/28/1512172-chile-el-pais-menor-desigualdad-educativa-america-latina: " Chile es el país de América Latina con mayores niveles de equidad educativa, según SEDLAC (Socio-Economin Database for Latin America and the Caribbean), que depende del Banco Mundial y de la Universidad de La Plata, y que se basa en los datos oficiales de 18 países de la región. Es también el país con mayor nivel educativo entre sus jóvenes de 21 a 30 años, su población estudia una media de 12,5 años. Además, es el país en el que aquellos de menores recursos llegan más lejos en el sistema educativo, ya que en el primer quintil de ingresos (el 20% que menos gana) promedian 11 años de estudio".
Los sindicatos se oponen tenazmente a estas iniciativas, sin considerar los resultados educativos para los alumnos. Con claridad ven que estas socavan el casi monopolio actual de la enseñanza pública (lo es de hecho para los pobres e hijos de la mayoría de los trabajadores), que les permite tener bajo su autoridad discrecional al 80% del alumnado del país, sin que estos tengan la posibilidad de optar por una educación mejor.
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