13.02.2015 21:47
Según lo declarado recientemente por la futura ministra de educación y cultura, rechaza la idea de implementar los vouchers educativos, y argumentó que es porque hay que priorizar y mejorar la enseñanza pública.
El sistema de vouchers educativos, implementando con éxito en Chile (es recomendable ver los datos de la educación en Chile y compararlos con los de Uruguay, antes de repetir que la chilenización de la educación en un mal ejemplo a seguir), implica que el estado paga a los institutos, ya sean públicos o privados, por alumno que asiste a ellos, en lugar de destinar un presupuesto fijo y centralizado, en forma exclusiva para la educación pública.
Sin embargo, en otros ministerios de este mismo gobierno, se aplican desde hace años el sistema de vouchers, contando con el beneplácito tanto de los sindicatos como del gobierno. Entonces porque razón el mismo sistema no se aplica en la enseñanza?
El Mides, poco antes de finalizar el anterior gobierno, destinó mas de 8 millones de dólares a contratar ONGs para que ejecuten diversos planes en el trabajo de asistencia a la población. O sea que el Mides paga VOUCHERS DE ASISTENCIA SOCIAL, para que organizaciones no estatales (privadas) ejecuten las políticas que el ministerio no logra llevar adelante mediante gestores públicos. Aquí no se escucha ninguna voz diciendo que hay que defender al Mides por ello, ni condenas a la privatización de la asistencia social.
No entiendo por que el Ministerio de Educación, tal como lo hace el Ministerio de Desarrollo Social, no puede pagarle a ONGs sin fines de lucro (como son los colegios de gestión privada ) para que se encargen de asistir a la misma población carenciada, pero en otra área de servicios, en este caso brindándole servicios educativos?
Acaso la educación no es la asistencia social más importante que debe brindar el estado a los ciudadanos, sobre todo a los más carenciados?
Si los organismos de gestión pública son incapaces de cumplir en forma adecuada con ese objetivo, no sería mejor brindar esos servicios a través de organismos de gestión privada, que ya han demostrado ser mucho más eficientes y eficaces.
En el caso de los servicios de salud, el Ministerio de Salud Pública hace exactamente lo mismo, el BPS a través del FONASA, paga a instituciones de gestión privada, las mutualistas, para brindar servicios de atención sanitaria a la población, la cuota Fonasa, o VOUCHER SANITARIO.
Salvo por una razón basada en prejuicios ideológicos en contra de la educación de gestión privada, no se entiende porque está bien que el Mides le pague a organizaciones privadas para ofrecer servicios de asistencia social, y el BPS y EL MSP lo hagan en el caso de la atención de salud.
Mucho menos se entiende porque la ministra Muñoz, que estando al frente del MSP implementó el fonasa, sistema que impuso los vouchers sanitarios, ahora descarta de plano y sin argumentar los vouchers educativos.
Hay una oposición lógica a los vouchers educativos en los gremios de profesores y maestros, dado que les quitaría el poder monopólico que tienen hoy en dia, sobre la gestión de los institutos que brindan servicios educativos a los más pobres en el Uruguay.
Compartida es la responsabilidad por los malos resultados de la enseñanza pública. Los sindicatos, oponiéndose a todo cambio, incluso a un plan piloto como el Promejora, los profesores a través de los miles de horas de clase no dictados, y los organismos directivos de la enseñanza pública a través de múltiples fallas en la gestión, como los sicólogos ñoquis durante años, gastos en excursiones de escolares nunca realizadas, pérdidas de juicios por negligencia de sus servicios jurídicos, servicios de vigilancia que se pagan y no se controla si se cumplen o no, etc. Es realmente difícil lograr resultados diferentes con tantos elementos actuando en favor de una mala gestión.
Es claro el motivo de la oposición de los gremios de la enseñanza pública a un sistema que les quitaría poder, y exigiría resultados.
Pero porque razón se oponen las autoridades ministeriales, sin ofrecer argumentación válida, cuando el gobierno y la misma ministra han implementando y defendido el mismo sistema en otras áreas de gestión.
Es algo que no se entiende, y requiere una mejor respuesta que la brindada por la ministra.
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