16.11.2015 10:13
@|El sistema de transporte público en Montevideo es fuertemente regulado por la IMM, tanto a nivel de taxis como de ómnibus. Cuando nos preguntamos cuál debería ser la finalidad de la regulación, pensamos en que la misma debería propender a que el servicio que se brinda cumpla requisitos de calidad y seguridad, permita una oferta adecuada a la demanda y priorice ante todo la defensa de los usuarios.
Sin embargo, vemos que estos objetivos están lejos de ser cumplidos y la regulación ha determinado varios efectos perjudiciales para el usuario.
Debido a que la IMM no otorga nuevos permisos, es imposible la incorporación de empresas o trabajadores nuevos que permitan mejoras con la libre competencia y ofrecimiento de nuevos servicios. No hay razón alguna que justifique esta limitación.
Frente a iniciativas nuevas, como el servicio que realizaban camionetas escolares o de turismo, ofreciendo traslados personalizados a grupos de trabajadores, o ahora frente al ingreso de una nueva modalidad a través de UBER, la reacción del ente regulador es la prohibición de los nuevos servicios sin considerar al usuario; solo tiene en cuenta la afectación de los monopolios que ha generado el regulador.
Esta limitación de la oferta lleva a que el permiso de taxi cueste en el entorno de los 80.000 a 100.000 dólares. Esto repercute negativamente en dos aspectos fundamentales del servicio: la tarifa, dado que hay que amortizar esa cifra en un plazo razonable, y la baja calidad de los vehículos.
¿Cuál es la razón que avala que el ente regulador deba establecer la limitación del número de permisos?
Lo único que ha generado es un monopolio de hecho para los actuales propietarios, eliminando la libre competencia por un mejor servicio, y ha perjudicado notoriamente a los usuarios. Impide la adaptabilidad de la oferta a la demanda. El país vivió 10 años de crecimiento económico ininterrumpido; se incrementaron hasta cifras récord la venta de autos particulares, y la IMM no autorizó ni ofertó nuevos permisos de taxis. Es por ello que el valor de un permiso de taxi triplicó su valor en estos 10 años.
Perjudica a la ciudad, ya que la ciudadanía solo puede recurrir al uso de su propio auto, dado que la oferta de buses y taxis es rígida y no se adapta a la creciente demanda. Esto le genera a la administración gastos crecientes por la necesidad de inversión en obras de infraestructura vial para poder mantener la movilidad urbana, basada en el uso de vehículos particulares.
Desde nuestra asociación, Ancosev (Asociación de usuarios que promueve la seguridad vial, con especial énfasis en el uso y circulación de vehículos más seguros), vemos con preocupación el grado de inseguridad que implica para los usuarios viajar en taxi en Montevideo debido a la presencia de la mampara (elemento contrario a todas las normas de seguridad vehicular, y que fue impuesta por decreto municipal, sin hacer ninguna prueba de su inocuidad y seguridad para los pasajeros), y por otro lado, a que predomina ampliamente el uso de vehículos muy inseguros y muy pequeños, debido a que son los de menor costo.
Hoy en día viajar en taxi implica un riesgo de lesiones 2 a 3 veces mayor que si el viaje se hace en autos particulares.
Ante esta situación, desde Ancosev saludamos el arribo de una nueva oferta de un servicio de transporte, que permitiría solucionar muchos de los problemas que hemos señalado en el servicio de taxis, producto de la regulación de la Intendencia de Montevideo y que genera perjuicios y riesgos para los usuarios.
Por todo esto no vemos razón que justifique la persistencia en forma monopólica y exclusiva del servicio regulado de taxis y se prohíba la puesta en marcha de este nuevo servicio que ofrece varias ventajas para el consumidor, pero en forma destacada mejora la seguridad tanto para los taxistas como para los usuarios
No hay comentarios:
Publicar un comentario