04.03.2014 13:50
La propuesta de castigar con prisión a los empresarios por los accidentes laborales de sus empleados, expresa que pretende ser una herramienta para reducir la siniestralidad por dicho motivo.
Si esto fuera cierto, en materia de accidentes de tránsito deberíamos ver una reducción en los mismos, dado que hace tiempo que se responsabiliza penalmente a los infractores que provocan muertes en el tránsito. Sin embargo los muertos y lesionados en siniestros de tránsito no han parado de crecer, siendo la primera causa de muerte en los menores de 35 años en nuestro país.
Esta ley soslaya además el accionar sobre la irresponsabilidad individual de los empleados en el uso de los implementos de seguridad y cumplimiento de las normas y conductas de prevención de accidentes.
Hay un porcentaje de los accidentes que ocurren por imprudencia e incumplimiento de las normas establecidas.
Esto ocurre también en el tránsito, dónde en un porcentaje de casos las causas de los siniestros incluyen el no respeto a las normas, señales de tránsito y manejo en condiciones riesgosas y temerarias, como ser conducir sin luces, sin libreta de conducir, sin casco, sin respetar los límites de velocidad o los carteles de pare, o manejar alcoholizado o bajo los efectos de drogas.
A nivel laboral ocurre lo mismo que en el tránsito, dado que las conductas humanas son las mismas en todos los ámbitos. Un porcentaje de los accidentes ocurren por fallas humanas debidas a distracciones, imprudencias, y transgresiones a las normas y medidas de seguridad establecidas.
Ninguno de estos factores se va a ver modificado por la implementación de la responsabilidad penal de los empresarios, tal como demuestra lo acontecido en el tránsito.
Todo lo contrario, tal como lo demuestra la experiencia internacional a nivel de industrias de alto riesgo como la aviación, la industria nuclear, o la actividad médica, en especial la anestesia y la cirugía; las políticas punitivas llevan al ocultamiento y no reporte de accidentes o eventos críticos.
Esto impide el análisis de los mismos, lo cual es fundamental para poder implementar medidas que impidan la reiteración del mismo accidente en el futuro.
Además, encontrar un culpable, implica únicamente la penalización de quién comete el error final en la cadena de fallos en el sistema, que en general contribuyen a la ocurrencia del siniestro. Es muy común en el tránsito, que en ningún accidente sean considerados ni los riesgos en el diseño vial y la necesidad de modificarlo para reducir la ocurrencia de siniestros por ese factor, ni mucho menos el nivel de inseguridad de los vehículos participantes y como ello contribuye a la ocurrencia del evento y sobre todo a sus consecuencias.
Si fuera cierto el supuesto de que la penalización de los empresarios reducirá los accidentes, también lo sería que a través de la penalización de los obreros se reduciria la siniestralidad.
Sin embargo, la experiencia acumulada en las industrias de alto riesgo, ha demostrado que lo que realmente permite reducir los accidentes es lograr una cultura institucional de seguridad, en un ambiente de colaboración entre empleados y responsables de la empresa que permita el reporte y análisis de los incidentes ocurridos.
Ello requiere un comité de expertos que analice en forma completa cada incidente grave, considerando todos los factores intervinientes y estableciendo recomendaciones para que no vuelva ocurrir, todo ello sin culpabilizan a nadie por la ocurrencia del siniestro.
Nada de esto es posible en un ambiente punitivo y sancionatorio.
Por otro lado, hoy en día el grupo de mayor riesgo son los delivery , los cuales ocupan la mayoría de las camas de Cti del BSE, considerando que suele pensarse que en la mayoría de los casos es por manejo imprudente, y no por responsabilidad de la empresa.
Sin embargo nadie tiene en cuenta la calidad de los vehículos implicados, ni se establece la recomendación de que las motos deban tener frenos ABS, cubiertas de calidad, luces que funcionen y aporten una buena iluminación. Tampoco se tiene en cuenta el diseño vial de los cruces o vías dónde ocurrieron los siniestros, ni se establecen en ningún informe recomendaciones para su modificación.
En cuanto a los obreros de la construcción, es evidente que la mayoría de ellos se trasladan en moto. Si hay 50 muertos por año entre todos los rubros de actividad laboral, y tenemos casi 600 muertos en siniestros de tránsito al año (siendo el 60% motociclistas) , parecería que es altamente probable que sea mucho más riesgoso accidentarse (por lo menos, unas 10 veces más) mientras se concurre al trabajo, que mientras se está trabajando.
Esto a pesar que en la vía pública ya se responsabiliza penalmente a quienes son responsables de los accidentes.
Evidentemente, el camino de la responsabilidad penal parece no ser eficaz para lograr los objetivos propuestos.
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