22.11.2013 00:07
El estado gasta en educación pública unos U$S 1500 millones, que es lo mismo que recauda por IRPF Dado que el sistema público recibe al 80% del alumnado y que el 80% de la recaudación del impuesto lo pagan los trabajadores que ganan menos de la canasta básica, podría decirse que los trabajadores están pagando de su bolsillo la educación pública que reciben sus hijos, educación supuestamente gratuita.
El estado actúa como intermediario entre los que financian o pagan la educación y los que brindan los servicios educativos.
A juzgar por los pésimos resultados educativos globales del sistema público gestionado por el intermediario (los organismos públicos que gestionan la enseñanza) y los mejores resultados que ofrecen los centros educativos que no son gestionados por dicho intermediario (liceos públicos de gestión privada y liceos privados) parecería razonable propender a la eliminación de tan ineficiente intermediario, permitiendo que los contribuyentes vuelquen en forma directa sus pagos de IRPF o IRAE a la institución de enseñanza a la cual envíen a sus hijos o familiares dependientes.
Los institutos privados en general no tienen problemas edilicios, son más ágiles y eficientes para gestionar a su personal, emprenden reformas con más agilidad y actualizan más rápidamente sus servicios.
Puede aplicarse tanto el pago directo de los impuestos como se aplica en países europeos o aplicar deducciones de los gastos educativos de los pagos por IRAE o IRPF
En lugar de considerar el gasto en educación como un gasto suntuario o superfluo, al cual hay que castigar, debería considerarse como una contribución a la sociedad, que debe ser estimulada, dado que en lugar de esperar del estado que este le resuelva todas las necesidades educativas, el ciudadano decide hacerse cargo el mismo y financiar a través de gestores privados todas sus necesidades de servicios de enseñanza. Hay otros ciudadanos más responsables aún que deciden financiar a instituciones que brindan educación gratuita a alumnos que no son sus familiares, aliviando ambos al estado de sus obligaciones.
Además, dado los magros resultados del sistema público que priva (la enseñanza pública es muy privatizadora) a más de la mitad de los alumnos de adquirir los conocimientos necesarios, ya no debería sostenerse la perpetuación de este modelo de gestión de la enseñanza pública a través de los intermediarios públicos llámense ANEP, CODICEN, o consejos de enseñanza, etc.
Además recién se acaban de conocer los resultados del nuevo liceo impulso, que en sólo 6 meses logró mejorar notablemente los resultados educativos de sus alumnos.
El presidente, en lugar de criticar a los empresarios que colaboran con estos emprendimientos debería estimular dicha colaboración.
En muchos países del primer mundo, una parte de los impuestos pueden ser dirigidos en forma directa hacia quien decida el que paga los impuestos, eliminando al intermediario (el estado). Se entiende que el ciudadano es un mejor y más eficiente agente asignador de recursos.
En cambio la gran cantidad de dinero que gestiona la educación estatal se pierde en su mayoría en una gestión muy ineficiente. Como lo refiere en un reciente artículo Pablo Da Silveira recordando los 700.000 dólares perdidos en un juicio por negligencia, sumado a las horas sin docentes. Ni que hablar de los psicólogos "ñoquis" que por años dejaron sin asistencia a los más desvalidos alumnos de la enseñanza pública, sin que esta se enterara del ausentismo y lo corrigiera.
Si se quiere cambiar la enseñanza hay que desarmar la burocracia centralizada paralizante e ineficiente. Hay que habilitar muchas organizaciones diferentes y que los padres puedan optar.
Hay que desarmar la oposición sindical a cualquier cambio.
Para ello o se trabaja luchando dentro del sindicato mediante organizaciones políticas o sociales propensas a generar cambios, o se generan nuevos sistemas educativos haciendo que el sistema público dónde predomina el sindicato sea cada vez más pequeño y un porcentaje cada vez menor de alumnos queden de rehenes de las acciones sindicales.
En este sentido todas las medidas de impulso de las instituciones privadas y las públicas de gestión privada, más las acciones de incremento de la autoridad de los directores y de la autonomía de los centros contribuyen al fin señalado. Es por ello que los sindicatos se oponen tenazmente a ambas iniciativas. Con claridad ven que ambas socavan el monopolio actual de la enseñanza pública, que les permite tener bajo su autoridad discrecional al 80% del alumnado del país.
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